Contrato menor para una app municipal (hasta dónde llega)
Un ayuntamiento puede contratar una app o una web por contrato menor hasta 15.000 € sin IVA (servicios), sin pliegos ni licitación: basta informe de necesidad, aprobación del gasto y factura. Por encima de esa cifra hay que ir a un procedimiento con publicidad, normalmente el abierto simplificado. Y no, no se puede trocear el proyecto en varios menores para no pasar del umbral: eso es fraccionamiento y es el motivo más común de reparo del interventor.
En Comboi Labs construimos apps para ayuntamientos, y la pregunta que más frena un proyecto municipal no es «cuánto cuesta» —eso ya lo respondimos en cuánto cuesta una app para un ayuntamiento—, sino «¿y cómo os contratamos sin meter la pata?». Normalmente la hace un concejal que ya tiene claro que quiere la app, pero no quiere que secretaría le devuelva el expediente. Esta es la respuesta, con la ley delante.
Los umbrales: 15.000 € en servicios, 40.000 € en obras
El contrato menor está regulado en el artículo 118 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP). Es la vía más ágil que existe: no hay licitación formal, no hay pliegos publicados y el órgano de contratación adjudica directamente al proveedor que elige.
| Tipo de contrato | Umbral (valor estimado) | Qué entra aquí |
|---|---|---|
| Servicios | < 15.000 € | Desarrollo de una app, web municipal, mantenimiento, consultoría, diseño. |
| Suministros | < 15.000 € | Compra de equipos, licencias de software de terceros. |
| Obras | < 40.000 € | No aplica a software; está aquí para situar la comparación. |
Las cifras son IVA excluido y se miden sobre el valor estimado del contrato, no sobre lo que acabe facturándose. Una app municipal es un contrato de servicios, así que el número que importa es el de 15.000 €. Estos umbrales no han cambiado desde que la ley entró en vigor.
Qué papeles hace falta de verdad
Aquí está la buena noticia: el expediente de un contrato menor es corto. El artículo 118 exige básicamente tres cosas.
- Informe del órgano de contratación motivando la necesidad. Un documento que explique qué se necesita, por qué, y por qué el objeto del contrato no se está alterando para esquivar las reglas de contratación. Es el papel que más peso tiene si alguien revisa el expediente después.
- Aprobación del gasto. Con la consignación presupuestaria correspondiente. Aquí es donde entra intervención.
- Incorporación de la factura al expediente, con los requisitos reglamentarios.
En la práctica, casi todos los ayuntamientos añaden por prudencia algunas comprobaciones que no exige literalmente el artículo 118 pero que evitan sustos: pedir al proveedor una declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar, y comprobar que está al corriente con Hacienda y la Seguridad Social. Muchos piden también dos o tres ofertas aunque no sea obligatorio, simplemente para dejar acreditado que el precio es de mercado. No cuesta nada y blinda el expediente.
Y una obligación que se olvida a menudo: los contratos menores se publican trimestralmente en el perfil del contratante. No es opcional.
El mito que sigue circulando: el límite anual por proveedor
Si buscas «contrato menor» en internet vas a encontrar, todavía hoy, guías que dicen que un mismo proveedor no puede acumular más de 15.000 € al año en contratos menores con el mismo ayuntamiento. Esa regla está derogada.
La redacción original de la LCSP en 2017 sí obligaba a justificar que el contratista no hubiera firmado otros contratos menores que, individual o conjuntamente, superasen el umbral. El Real Decreto-ley 3/2020 eliminó ese requisito del artículo 118. Desde entonces no existe un tope anual por contratista.
Lo decimos porque es una de esas cosas que genera conversaciones raras: un ayuntamiento que no quiere volver a contratarte «porque ya hemos gastado el menor contigo este año», cuando esa limitación ya no está en la ley. Dicho esto, si tu secretario o interventor prefiere aplicar el criterio antiguo como norma interna de prudencia, está en su derecho: es una decisión de política de contratación, no una obligación legal.
Lo que sí sigue prohibido: fraccionar
Que desaparezca el límite por proveedor no significa que se pueda trocear un proyecto. Si tu app municipal vale 24.000 € y la partes en dos contratos menores de 12.000 € —«fase 1: avisos» y «fase 2: agenda»— eso es fraccionamiento indebido del objeto del contrato, y la LCSP lo prohíbe expresamente.
Es el error que más reparos genera, y es fácil de detectar: mismo proveedor, fechas próximas, objeto claramente complementario. Cualquier proveedor que te proponga esta jugada te está creando un problema a ti, no a él.
Lo que sí es legítimo es contratar por menor algo que de verdad es autónomo y tiene sentido por sí solo: un diagnóstico previo, un prototipo navegable para enseñar en pleno, una fase de análisis y definición de requisitos que sirva precisamente para redactar después el pliego del desarrollo completo. La diferencia no es cosmética: si ese encargo se queda sin continuidad, ¿el ayuntamiento se ha llevado algo de valor? Si la respuesta es sí, es un contrato distinto. Si es no, estás fraccionando.
Qué hacer cuando el proyecto pasa de 15.000 €
Una app municipal completa —con avisos, agenda, notificaciones push y un panel de gestión— se va normalmente por encima del umbral del menor. En ese caso toca un procedimiento con publicidad y concurrencia, y aquí hay un matiz técnico que casi nadie cuenta y que conviene conocer antes de empezar.
| Vía | Cuándo | Ojo con |
|---|---|---|
| Contrato menor | Valor estimado < 15.000 € sin IVA. | Máximo un año, no prorrogable. |
| Abierto simplificado abreviado (el «supersimplificado») | Servicios por debajo de 60.000 €. Un solo sobre, criterios automáticos, plazo mínimo de 10 días hábiles. | Está excluido para prestaciones de carácter intelectual, y el desarrollo de software normalmente lo es. |
| Abierto simplificado | La vía habitual para una app municipal de tamaño normal. | En prestaciones intelectuales, los criterios de calidad deben pesar al menos el 51 % de la puntuación. |
Ese último punto es más importante de lo que parece, y juega a favor del ayuntamiento: cuando el objeto es una prestación de carácter intelectual, la ley no te deja adjudicar al más barato sin más. El precio no puede decidir por sí solo, porque los criterios de calidad tienen que representar la mayoría de la puntuación. Es exactamente la protección que necesita un ayuntamiento pequeño para no acabar con una app de 8.000 € que nadie mantiene al año siguiente.
Cómo traducir eso a criterios concretos —qué se puntúa, cómo se redacta para que no acabe siendo un pliego a medida de un proveedor— es un tema en sí mismo, y lo desarrollamos en cómo redactar el pliego técnico de una app municipal.
La trampa del año: el mantenimiento
Un contrato menor dura como máximo un año y no se puede prorrogar. Para el desarrollo inicial no suele ser un problema. Para el mantenimiento sí: el soporte de una app no es un gasto puntual, es recurrente, y encadenar contratos menores anuales con el mismo objeto y el mismo proveedor es justo el patrón que un órgano de fiscalización marca en rojo.
Nuestra recomendación es decidirlo antes de firmar el desarrollo, no doce meses después: o el mantenimiento entra en el contrato principal como prestación con duración plurianual, o se planifica desde el inicio cómo se va a licitar por separado. Dejarlo para más adelante es como acaban muchas apps municipales sin actualizar durante dos años.
Cómo lo planteamos nosotros
Construimos la app oficial del Ayuntamiento de Benissa, así que conocemos el recorrido completo: el pleno, el expediente, intervención y el mantenimiento después. Lo que hacemos es simple: te decimos desde la primera reunión si lo que necesitas cabe en un contrato menor o no, con el número por delante y sin proponerte trocear nada. Si cabe, perfecto. Si no cabe, te ayudamos a preparar la documentación técnica para que puedas licitarlo bien, aunque acabes adjudicando a otro.
Preferimos eso a que nos adjudiquen un expediente que va a acabar en reparo.
Nota: esto es una guía práctica escrita por un estudio de desarrollo, no asesoramiento jurídico. Los datos legales están comprobados a fecha de agosto de 2026 (LCSP, artículo 118, con la modificación del Real Decreto-ley 3/2020). Antes de tramitar nada, contrástalo con la secretaría e intervención de tu ayuntamiento, que son quienes conocen vuestras bases de ejecución del presupuesto.
Preguntas frecuentes
?¿Cuál es el límite de un contrato menor de servicios en 2026?+
El artículo 118 de la LCSP fija el contrato menor de servicios y suministros en un valor estimado inferior a 15.000 € sin IVA, y el de obras en menos de 40.000 €. Una app o una web municipal es un contrato de servicios, así que le aplica el umbral de 15.000 €.
?¿Se puede contratar una app municipal sin licitación?+
Sí, siempre que el valor estimado quede por debajo de 15.000 € sin IVA. El contrato menor permite adjudicar directamente, sin pliegos ni publicación previa. Por encima de esa cifra hay que ir a un procedimiento con publicidad, normalmente el abierto simplificado.
?¿Se puede dividir una app en varios contratos menores?+
No, si lo que se divide es una misma necesidad para esquivar el umbral: eso es fraccionamiento indebido y está prohibido. Sí es legítimo contratar un encargo pequeño y autónomo —un diagnóstico, un prototipo— y licitar después el desarrollo completo como contrato independiente.
?¿Sigue existiendo el límite anual por proveedor?+
No. El Real Decreto-ley 3/2020 eliminó del artículo 118 la obligación de justificar que el contratista no había firmado otros menores que, sumados, superasen el umbral. Muchas guías que siguen circulando reproducen la regla derogada. Lo que sí se mantiene es la prohibición de fraccionar.
?¿Cuánto puede durar un contrato menor?+
Un año como máximo y no se puede prorrogar. En software esto pesa sobre todo en el mantenimiento: conviene planificar desde el principio cómo se contratará el soporte a partir del segundo año.